Un fallo judicial en San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, marcó un hito en la lucha contra la caza furtiva con galgos, según informó Clarín Rural. La decisión de decomisar animales utilizados en actividades ilegales no solo abre una nueva vía legal, sino que también realza la importancia del bienestar animal y la protección de la propiedad privada.
Hacia el bienestar animal: decomiso de galgos marca precedente en caza furtiva
Un reciente decomiso judicial de galgos en San Antonio de Areco establece un precedente crucial para el bienestar animal y la seguridad rural, afectando la producción ganadera.
Impacto en la producción ganadera
La problemática trasciende la caza de fauna silvestre. Los perros utilizados en estas incursiones atraviesan rodeos de cría, dispersan hacienda, provocan abortos y lesionan animales, generando pérdidas económicas significativas para la ganadería. Además, la invasión de la propiedad privada y la sospecha de que estas actividades encubren robos o relevamientos de establecimientos rurales, agrava la situación.
Estanislao Ramos, presidente de la Asociación Regional de Productores Agropecuarios (ARPA), describió la situación como un "coto de caza" para la región. Ramos señaló que la Patrulla Rural destinaba recursos considerables a perseguir infractores que, en muchos casos, no recibían sanciones significativas. Subrayó la necesidad de que la Justicia comprenda la gravedad del ingreso ilegal a propiedades agropecuarias.
Un aspecto distintivo de este conflicto es la unión de productores agropecuarios, organizaciones de protección animal y el municipio. Francisco Ratto, intendente de San Antonio de Areco, enfatizó el maltrato que sufren los galgos, calificándolo como una de las expresiones más crueles del problema. El municipio trabaja en una nueva ordenanza para endurecer multas y sancionar con mayor severidad los daños, buscando una mirada provincial más integral y estricta contra quienes maltratan animales y afectan la producción.
Nuevas herramientas para la seguridad rural
El decomiso de los galgos representa un cambio estratégico. Previamente, los procedimientos solían culminar con la identificación de los cazadores y su retiro, sin afectar el uso de los animales. Ahora, la Fiscalía aplica rigurosamente artículos del Código Rural bonaerense (Ley 10.081/83) que permiten el decomiso de los animales empleados en actividades prohibidas. Paralelamente, el municipio se inspira en experiencias como la de General Las Heras para implementar sanciones económicas y administrativas efectivas.
La preocupación de San Antonio de Areco ha encontrado eco en el Foro de Seguridad Rural Argentino (FOSERA), que emitió un documento exigiendo la aplicación estricta del artículo 273 del Código Rural bonaerense. Esta norma prohíbe la formación de cuadrillas de caza, la actividad nocturna y el uso de galgos o luces artificiales para la persecución de fauna silvestre, debido a los riesgos que implican para la seguridad y la propiedad privada.
Productores, municipio y organizaciones proteccionistas de Areco esperan que el reciente secuestro judicial de los dos galgos no sea un hecho aislado, sino el inicio de una política sostenida que desincentive una actividad que afecta la vida rural bonaerense y que, por primera vez, encuentra un límite efectivo en la Justicia.
FUENTE: Clarin Rural