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SUSCRIBITERepresentantes de la producción porcina argentina reniegan del "silencio" del Senasa frente nuevos brotes y ponen el foco en reforzar controles y bioseguridad.
Frente a la confirmación de nuevos focos de la enfermedad de Aujeszky en establecimientos de producción porcina del país, la Cámara Argentina de Empresas de Genética Porcina (CAEGP) emitió un pronunciamiento formal en el que solicitó a todos los eslabones de la cadena intensificar de manera urgente las medidas de bioseguridad.
La entidad alertó sobre la dinámica de propagación del virus y el potencial perjuicio que este escenario representa para el estatus sanitario nacional, marcando la necesidad de articular acciones inmediatas entre el sector privado y los organismos sanitarios para contener el avance de la patología en las piaras comerciales.
La advertencia del sector genético coincide con las conclusiones de un reciente relevamiento técnico elaborado por el consultor e ingeniero zootecnista Juan Luis Uccelli (JLU Consultora), a partir de registros oficiales del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). El informe advirtió que “la aparición, en el último mes, de nuevas granjas importantes en las que se detectó la enfermedad de Aujeszky refleja que se están cometiendo errores y que, en vez de avanzar, estamos retrocediendo”.
De acuerdo con la sistematización de 1.108 unidades productivas bajo seguimiento oficial (que reúnen 3,83 millones de cabezas), existen 104 establecimientos con problema activo —93 en programas de saneamiento y 11 categorizados como infectados—, lo que involucra a 503.246 animales (el 13,1% del stock nacional relevado), con una fuerte concentración del 97% del volumen afectado en las provincias de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, y fallas críticas asociadas a la bioseguridad y el lavado del transporte de hacienda.
En su documento oficial, la Cámara Argentina de Empresas de Genética Porcina manifestó su “profunda preocupación por la situación sanitaria y su potencial impacto sobre la producción porcina nacional” y consideró prioritario “avanzar de manera coordinada y sostenida en la implementación del plan de erradicación de la enfermedad, fortaleciendo el trabajo conjunto entre las autoridades sanitarias, las instituciones del sector y los productores”.
Al detallar que sus firmas asociadas se encuentran adoptando precauciones para resguardar el estatus de sus planteles, la Cámara hizo un llamamiento directo a los criadores a “reforzar y mejorar continuamente sus medidas de bioseguridad, extremando los controles de ingreso de personas, vehículos y animales, y cumpliendo estrictamente los protocolos sanitarios vigentes”, remarcando que “la prevención y la detección temprana son responsabilidades compartidas y herramientas fundamentales para contener la enfermedad”.
Ante este escenario, Alejandro Di Palma, presidente de la Cámara de Pequeños y Medianos Productores Porcinos (Capemppor), focalizó su planteo en la necesidad de que el Senasa brinde información sanitaria oportuna y transparente a los productores.
Di Palma destacó positivamente que la Cámara de Genética “hizo lo que el organismo sanitario no hizo: avisar”, reconociendo que su texto respalda el plan vigente y no tiene tono alarmista, y aclaró expresamente que no existen datos públicos que vinculen el origen de los brotes con las empresas del sector ni busca responsabilizarlas. Sin embargo, explicó que el aviso sectorial por sí solo “habla de nuevos brotes sin fecha, sin lugar, sin cantidad, sin escala de los establecimientos y sin mencionar al organismo que los habría diagnosticado”, lo que evidencia un vacío de comunicación oficial por parte del organismo sanitario nacional.
Para el titular de Capemppor, el tablero administrativo que publica la autoridad sanitaria resulta insuficiente para la toma de decisiones cotidianas en las granjas, señalando que “un tablero de estatus no es un parte epidemiológico: muestra en qué categoría está cada granja, no cuándo cambió, ni dónde se concentran los diagnósticos recientes, ni qué hipótesis de ingreso se investigan”.
En ese marco, propuso solicitar al Senasa la emisión periódica de partes agregados por departamento, fecha y escala bajo la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 27.275). El dirigente remarcó que esto no vulnera el secreto comercial ni estigmatiza establecimientos, sosteniendo que “entre nombrar una granja y no decir nada hay un espacio amplio: departamento, fecha de diagnóstico, escala, tipo de establecimiento y vía de ingreso bajo investigación”, concluyendo que “el problema es que un aviso sin datos obliga a cada productor a adivinar, y en sanidad animal adivinar sale caro”.
A pesar del fuerte malestar expresado por el "silencio" del Senasa, los representantes de los productores (como los de la zona de Río Cuarto, una de las más golpeadas) confirmaron en las últimas horas que todavía no se ha concretado una reunión cara a cara con las autoridades máximas del organismo. Actualmente, los representantes de la producción porcina están coordinando un frente común para solicitar una audiencia formal en los próximos días y llevar esta preocupación de manera unificada.
El reclamo central que le trasladarán al organismo no pasa por cambiar la normativa actual (la cual apoyan), sino por exigir una fiscalización estricta sobre los eslabones que el Senasa hoy no está controlando adecuadamente. Exigen la obligatoriedad de arcos de desinfección eficientes en los frigoríficos y que ningún camión jaula pueda salir de los establecimientos sin un lavado certificado, ya que el transporte es el principal vector de contagio hacia las grandes granjas.
La postura general de la industria es que, si bien el Senasa dictó el nuevo plan nacional (Resolución 810/2025), de nada sirve la burocracia en los papeles si el organismo no fiscaliza los movimientos y la desinfección en las rutas y plantas de faena.
