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SUSCRIBITEFecovet advierte que la eliminación de la matrícula veterinaria debilita el control, la representación y la calidad del ejercicio profesional en Argentina.
Fecovet analiza y sienta una contundente postura frente al proyecto de desregulación profesional.
Desde la Federación de Colegios Veterinarios (Fecovet) manifestaron su “más enérgico rechazo” al proyecto de ley 1677-D-2025, presentado por la diputada nacional Marcela Pagano, que propone eliminar la matrícula obligatoria, reemplazarla por un “registro nacional gratuito” y prohibir a los colegios profesionales cobrar contribuciones obligatorias.
“A simple vista, el proyecto parece promover la libertad profesional y alivianar cargas económicas, pero, al analizarlo en profundidad, queda en evidencia que no soluciona nada y expone a los profesionales a una desprotección absoluta”, afirmaron desde Fecovet en un "análisis crítico" difundido por la entidad y que lleva la firma de su presidenta, Dra. Natalia Elstner y del secretario, Dr. Dr. Walter F. Luján.
Según el texto, la iniciativa “utiliza el descontento social con la política para manipular emociones, acercándose peligrosamente a una propuesta demagógica”. Además, señala que el proyecto “carece de rigor jurídico, técnico e institucional”, y representa “un retroceso para el ejercicio profesional en la Argentina”.
Fecovet asegura que los colegios profesionales cumplen “funciones esenciales” y que “no se limitan a lo recaudatorio”. Desde la entidad consideran que el proyecto parte de “una visión errónea y simplista”, que reduce la función de estas instituciones a “cobrar matrícula”, lo que demostraría “un profundo desconocimiento del régimen jurídico y funcional vigente”.
“Estas instituciones son entes públicos no estatales creados por ley”, cuya misión abarca “matricular y habilitar a los profesionales, fiscalizar normas éticas y técnicas, proteger a la sociedad del ejercicio indebido, capacitar, defender y representar a sus matriculados, y sancionar faltas disciplinarias”.
“La matrícula veterinaria no es una traba, sino una herramienta de legitimidad y seguridad. Sin ella, no hay habilitación profesional ni control ético. Y sin colegio, no hay defensa institucional ni garantía de calidad profesional”, enfatizan.
La Federación remarca que la iniciativa de Pagano “ignora el orden constitucional. La Constitución Nacional establece que las provincias conservan todo poder no delegado, y la regulación del ejercicio profesional ha sido siempre una atribución provincial”.
“El proyecto no reduce costos: los transfiere al conjunto de la sociedad”, agregan. “Supervisar, habilitar y controlar profesionales sigue siendo necesario. Si no lo financian los profesionales, lo hará el Estado con impuestos”. Aseguran que “estatizar esta función implica más empleo público, más burocracia y descontrol, sin que el Estado tenga hoy capacidad operativa para asumir esa tarea”.
Además, advierten que “imponer una matrícula nacional única desde un ministerio es una injerencia inadmisible e inconstitucional” y que “se atenta contra la autonomía de las provincias y se deslegitima el control local”.
Para la entidad, “el proyecto, lejos de ser una verdadera desregulación, representa una desprotección institucional. Elimina controles sin ofrecer alternativas”, denuncian. “Abandona al profesional y al usuario, privándolos de representación y defensa”.
“Seducen con la ilusión de que la matrícula es el mayor obstáculo profesional, ocultando el problema real: el sistema impositivo argentino”, afirman. “Los profesionales están asfixiados por un régimen regresivo de monotributo, el IVA, el impuesto a las ganancias y las percepciones bancarias”.
“El proyecto ignora deliberadamente estos factores”, indican. Por ejemplo, un profesional de categoría “A” paga $32.221,31 de monotributo mensual, y uno de la categoría más alta paga $1.050.323,75. En comparación, la cuota bimensual del Colegio Médico Veterinario de Córdoba es de $28.000 ($14.000 mensuales). “Las cifras desmienten el peso que supuestamente tendría la matrícula”, aseguran.
Además, remarcan que “el texto del proyecto menciona como argumento el costo de la matrícula utilizando casos extremos y descontextualizados”, como el Colegio de Abogados de CABA o la Medicina Nuclear, “sin considerar realidades provinciales más accesibles”.
“Desfinanciar los colegios no es un alivio para los profesionales, sino un debilitamiento de las instituciones que los representan”, advierten. “Lejos de ser una medida liberal, es una propuesta anárquica”.
“Descentralizar el control no es optativo: es imprescindible”, agregan. “Hoy los colegios investigan, sancionan y protegen al ciudadano frente al ejercicio ilegal”.
“Centralizar esta función en un ente nacional plantea interrogantes clave: ¿Quién controlará en pueblos del interior? ¿Cómo se garantizarán investigaciones presenciales y justas? ¿Qué capacidad tendrá un ministerio para asumir miles de casos al año?”, se preguntan.
La iniciativa “tampoco encuentra sustento en comparaciones internacionales”, afirman desde FeCoVet. “En países como Estados Unidos, Francia, Alemania, España y Canadá, la colegiación obligatoria es la norma, con controles incluso más estrictos que en Argentina”.
Por ello, aseguran que “la solución no es desfinanciar a los colegios, sino fortalecerlos”. “Si se quiere mejorar la situación profesional, el camino es otro: otorgar más herramientas a los colegios, representación, facultades gremiales y económicas”. Ejemplos de esto serían “implementar honorarios mínimos obligatorios e intervenir en convenios y paritarias”.
“Destruir es fácil; construir es lo difícil. Este proyecto opta por lo demagógico”, afirman. “Ataca a los colegios y desvía la atención del verdadero problema: la carga impositiva”.
“Eliminar el control colegiado no es progreso, es retroceso. Se degrada la profesión y se vacía de contenido la noción de ética y responsabilidad”, concluyen. “Este proyecto no solo desprotege al profesional, sino también al ciudadano. Instala una estructura centralizada e inviable que solo generará inacción e impunidad”.
