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SUSCRIBITETras meses de incertidumbre, el INTA suma nuevos vocales y se busca restablecer el manejo operativo y representativo del organismo.
La recomposición del Consejo Directivo es clave para recuperar la operatividad del INTA.
A través del Decreto 786/2025, publicado el 6 de noviembre en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional designó cinco nuevos vocales para el Consejo Directivo del INTA. Las designaciones tienen vigencia retroactiva al 3 de septiembre, y representan un paso clave para restablecer el funcionamiento institucional del organismo, aunque el cuerpo colegiado aún permanece incompleto.
El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, y se emite luego de que en septiembre fueran nombrados Nicolás Bronzovich como presidente del INTA y Carlos Alberto Antonio Vera como vicepresidente.
La reactivación parcial del Consejo Directivo llega tras una etapa de fuerte tensión institucional. A mediados de año, el Decreto de Necesidad y Urgencia 462/2025 intentó transformar al INTA en un organismo desconcentrado, eliminando su autarquía y disolviendo su Consejo Directivo. Aquella iniciativa generó el rechazo del Congreso y fue suspendida por fallos judiciales, obligando al Ejecutivo a restituir el esquema vigente de gobernanza.
Los nombramientos actuales avanzan en la normalización del funcionamiento del instituto, aunque el quórum necesario para sesionar aún no se ha alcanzado. Siguen vacantes dos vocalías: la correspondiente a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la de la Facultad de Ciencias Veterinarias de las universidades nacionales. Según trascendió, CRA definiría su representante en los próximos días, mientras que aún no hay novedades oficiales respecto del nombramiento universitario restante.
Durante 2025, el INTA enfrentó una fuerte reducción presupuestaria y de personal. Según datos oficiales, el recorte implicó la eliminación de 115 cargos entre gerencias y coordinaciones, con un ahorro estimado en $1400 millones. El presupuesto total asignado al organismo fue de $223.000 millones. Este ajuste, sumado a la incertidumbre institucional, limitó la capacidad del organismo para ejecutar actividades de investigación y extensión durante buena parte del año.
Distintos sectores del ámbito agropecuario consideran clave la recomposición del Consejo Directivo para recuperar la operatividad del organismo y garantizar una mayor representatividad en la toma de decisiones.
