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SUSCRIBITEPese al revés legislativo y judicial de ayer, Economía oficializó hoy el pase a disponibilidad de empleados de planta permanente del INTA y otros organismos.
El gobierno marca su postura de pasar la motosierra sobre el INTA y otras estructuras.
A pesar de los recientes reveses legislativos y judiciales, el Ministerio de Economía, bajo la dirección de Luis Caputo, oficializó hoy la puesta en "situación de disponibilidad" para un grupo significativo de trabajadores de planta permanente con estabilidad adquirida en el INTA y otros organismos.
Esta medida, publicada a través de la resolución 1240/2025, se enmarca en la "profunda modernización" de entes estatales impulsada por el Ejecutivo Nacional. La Asociación de trabajadores del Estado (ATE), informó que en total son 286 empleados afectados del INTA, mientras que 49 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y 8 del ex-Instituto Nacional de Semillas (Inase)
La decisión del Gobierno se produce apenas un día después de que el Senado de la Nación rechazara el decreto 462/2025, que buscaba reestructurar el INTA y otros organismos como el ex-Instituto Nacional de Semillas (Inase). La Cámara alta desestimó el decreto por 60 votos en contra, 9 a favor y 2 abstenciones, siguiendo una postura similar adoptada previamente por la Cámara de Diputados.
Este decreto, entre otras cosas, intentaba que el INTA dejara de ser un organismo descentralizado y autárquico para convertirse en un ente "desconcentrado" bajo la Secretaría de Agricultura.
Simultáneamente, la Justicia Federal también había puesto un freno a la avanzada oficial. El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, a cargo de la jueza Martina Isabel Forns, hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Asociación del Personal del INTA (Apinta) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
La magistrada ordenó al Poder Ejecutivo "abstenerse" de ejecutar actos administrativos derivados del decreto que implicaran traslados, cesantías, reubicaciones, suspensiones, pases a disponibilidad o supresión de estructuras vinculadas al INTA. Esta cautelar tiene una vigencia de seis meses y se dictó al considerar la existencia de "verosimilitud en el derecho" y "peligro en la demora".
Los gremios habían advertido que el decreto implicaba la disolución del INTA como ente autárquico y un "vaciamiento" que afectaba derechos adquiridos, la estabilidad del empleo público y los convenios colectivos. La jueza coincidió en que la aplicación del decreto podría configurar un daño irreparable sobre derechos laborales y sindicales, señalando que los artículos 73 y 74 del decreto subordinan la estabilidad del personal a la discrecionalidad administrativa, lo que contradice la legislación laboral y los convenios internacionales de la OIT.
Pese a estos contundentes obstáculos, el Ministerio de Economía avanzó con su hoja de ruta. La resolución 1240/2025 impacta inicialmente a 286 trabajadores del INTA. Sin embargo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) precisó que la medida afecta a un total de 343 empleados, distribuidos de la siguiente manera: 286 del INTA, 49 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y 8 del ex-Inase. Estos son empleados de planta permanente que ya habían adquirido estabilidad.
La "situación de disponibilidad" es un régimen contemplado en la Ley 25.164 y el decreto 1421 del 8 de agosto de 2002 y sus modificatorias, y fue reglamentado por la Resolución 1/2024 de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública. Este régimen permite que el personal afectado por reestructuraciones o supresión de funciones quede en disponibilidad por un período máximo de hasta doce (12) meses.
El Gobierno fundamenta estas acciones en la necesidad de eficiencia y racionalización del gasto público, argumentando un "sobredimensionamiento y estructura excesivamente onerosa" de la Administración Pública Nacional. Las transformaciones se iniciaron con el decreto 462 del 7 de julio pasado, que declaró la emergencia pública y delegó facultades al Poder Ejecutivo para mejorar el funcionamiento del Estado.
El INTA dejó de ser un organismo descentralizado para convertirse en un organismo desconcentrado bajo la cartera agrícola. Además, se aprobó una nueva estructura organizativa y se suprimió la Dirección Nacional y se disolvió el Consejo Directivo del organismo.
La decisión de avanzar con la puesta en disponibilidad, a pesar de los claros frenos impuestos por el Poder Legislativo y Judicial, marca una postura de firmeza por parte del Gobierno en su intención de aplicar su motosierra sobre la estructura estatal, haciendo "oídos sordos" a las objeciones y advertencias sobre los posibles impactos en los derechos laborales y la funcionalidad de organismos estratégicos para el país.
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