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LOS NUEVOS VALORES EQUIVALEN A LA MASA SALARIAL DE UN LABORATORIO

Final abierto para los aranceles de las vacunas veterinarias

» A mediados de este mes de marzo, el Senasa decidirá si sostiene o modifica la Resolución por medio de la cual se incrementó -varias veces por encima de la inflación- el cobro de los controles oficiales para los productos biológicos.
Motivar | Luciano Aba
Por Luciano Aba 1 de marzo de 2019 - 01:30
En la palestra. Antonio Monteagudo recibió a Diego La Torre.

@aba_luciano
[email protected]

Gran revuelo se generó en la industria de laboratorios veterinarios cuando el pasado 5 de enero el Senasa promulgó la resolución por medio de la cual se establece un nuevo marco arancelario para los distintos controles que ejerce, por ejemplo, sobre la liberación comercial de dosis de vacunas veterinarias.
“Estos nuevos aranceles pueden llegar a representar un 20 o un 50% del precio final de algunos productos. Es una nueva capa impositiva que las empresas que queremos crecer debemos pagarle al Estado”, le explicaba el titular de Tecnovax, Diego La Torre, a Antonio Monteagudo en una entrevista realizada en Canal Rural, disponible en www.ganaderiacontodos.com.
Asimismo, y tras resaltar que el laboratorio veterinario nacional da actualmente empleo a más de 150 personas, La Torre destacó que el peso de los nuevos aranceles es tan alto, “que es asimilable con la masa salarial que paga nuestra empresa todos los meses; unos tres millones de pesos (cifra que se incrementó notablemente durante el mes de febrero). El Senasa nos obliga a trasladar estos valores al productor, justo cuando nuestro país propone estimular las exportaciones de carne bovina. Es una medida que atenta contra el uso de las vacunas y, por ende, va en contra de la productividad”.

¿Corresponden los nuevos valores?
Planteada esta situación y habiéndose generalizado la situación, representantes de las dos cámaras de laboratorios veterinarios, Caprove y Clamevet, se reunieron con funcionarios del Senasa, liderados por el director nacional de Sanidad Animal, Matías Nardello. En ese marco, los técnicos del organismo argumentaron la decisión en la necesidad de equilibrar los costos con los valores efectivamente cobrados por Senasa. “Estaban muy desactualizados”, se justificaron, detallando que, para el caso de algunas vacunas puntuales, los nuevos valores no alcanzan a cubrir los costos de las pruebas a realizar.
¿Corresponde esto cuando los controles son obligatorios, masivos y atados a las millones de dosis de vacunas que se aprueban y comercializan al año para todas las especies animales en el país?
Frente a esto, es interesante también mencionar que desde la industria se compartieron datos clave en cuanto al peso de esta estructura arancelaria: en 2018, Senasa recibió en concepto de aranceles algo así como $130 millones, mientras que en 2019 este valor ascendería a cerca de $320 millones, en caso de que se aprobaran las mismas cantidad de dosis: un incremento total promedio del 130%.
Vale decir que durante estos encuentros entre privados y representantes del Senasa, se logró que el pago de estos aranceles no se realice de forma anticipada a la venta de la vacuna, lo cual hubiese complicado aún más la situación financiera de las empresas del sector, al menos durante unos meses.
Asimismo, el tema fue llevado al Consejo Consultivo del Senasa, donde el propio vicepresidente del organismo nacional se mostró al tanto de la situación, proponiendo un nuevo encuentro para encausar el tema para mediados de marzo. ¿Mientras tanto? La normativa está vigente y mantiene alerta a laboratorios que piden se comprenda que no todas las vacunas se comercializan al mismo ritmo y en las mismas cantidades.
Según MOTIVAR pudo averiguar, desde el Senasa esperan poder impulsar un cambio en la matriz arancelaria, específicamente analizando cada tipo de vacuna: que no represente un costo operativo para el organismo, pero que tampoco impacte negativamente en la industria de laboratorios.
Desde el sector se espera que el organismo contemple la situación planteada y tome medidas que garanticen la calidad y trazabilidad de los biológicos, pero sin poner en riesgo la provisión de vacunas contra enfermedades específicas.

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