Con disputas internas, pero pareciera que sin miedo al fracaso, el Senasa profundizó en el último tiempo una serie de medidas que oscilan entre la desregulación y el sostén de fundamentos técnicos sólidos.
domingo 13 de abril de 2025
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SUSCRIBITEEl Senasa sigue impulsando cambios que impactan en la sanidad animal. ¿Por qué no es obligatoria la identificación individual electrónica? ¿Solo los antibióticos deberán recetarse de manera digital?
Senasa. Todo sigue igual que el año pasado en materia de trazabilidad.
Con disputas internas, pero pareciera que sin miedo al fracaso, el Senasa profundizó en el último tiempo una serie de medidas que oscilan entre la desregulación y el sostén de fundamentos técnicos sólidos.
En esa delgada línea lleva adelante su gestión el actual presidente del organismo público, Pablo Cortese, proponiendo un equilibrio entre las fuerzas que desde hace más de un año buscan imponerse en el ente sanitario.
Para graficar esta situación podríamos utilizar varios ejemplos, pero avanzaremos, por ahora, con solo dos de ellos.
Y la trazabilidad electrónica individual de los bovinos es uno de ellos. ¿Por qué? Porque pasó de ser un hecho, a un tibio “después vemos”, que llevó más incertidumbre que cualquier otra cosa al sector.
Luego de que se decidiera avanzar en la identificación electrónica individual de los bovinos, bubalinos y cérvidos como obligatoria en el país (lo cual habría desencadenado la renuncia del por aquel entonces vicepresidente del organismo, Sergio Roberts); de prometer que sería gratuita para los productores (vía un préstamo del Banco Mundial) y asignar incluso por licitación las casi 24 millones de caravanas que se necesitarían, el Senasa dio marcha atrás.
Así es, pasó de prometer sumarse a otros países como Uruguay y Australia en el cambio de la trazabilidad individual “analógica y manual” a la digital, a no reconocer la inversión realizada por empresas del rubro en la compra de bastones (provenientes de China) que complementarían el cumplimiento de la normativa que no inició el 1 de marzo como estaba previsto, sino que se prorrogó al 1 de enero de 2026.
Luego de una licitación que no pasó desapercibida en los medios de comunicación por su propuesta integral, la versión oficial de la prórroga no pasó desapercibida. “El licitante comunicó formalmente su imposibilidad de cumplir con la entrega de los dispositivos en las condiciones, cantidades y plazos previstos en el pliego”, explicaron las autoridades oficiales.
¿Y entonces? ¿Para qué se le asignó el 100% del total, dejando afuera de esta posibilidad a empresas que sostenían un alto porcentaje de la cadena de suministro de la caravana hoy vigente en el mercado?
Vale decir que la firma adjudicataria de la licitación fue un consorcio integrado por la suiza Datamars y una filial local llamada Farm Tech Argentina SA, el cual ganó la compulsa para adquirir 23.5 millones de caravanas electrónicas, de las cuales 10 millones tenían que ser entregadas (provenientes de Brasil) en el primer trimestre de este año, lo cual claramente no ocurrió.
“Dada la proximidad de la fecha de entrada en vigencia de la norma en cuestión, resulta fácticamente imposible abastecer la demanda de dispositivos electrónicos necesarios conforme las condiciones, metodología, y tiempos previstos”, intentó suavizar el Senasa.
Actualmente, la identificación animal es obligatoria mediante el sistema de caravana numérica -desde 2006- y voluntaria la identificación electrónica. La identificación electrónica individual, que se implementará de manera gradual a partir de marzo de 2025, simplificará la tarea del productor ya que, mediante una tecnología de fácil aplicación, permitirá obtener diferentes clases de datos para alcanzar un manejo más eficiente del rodeo y subsanar errores propios de la lectura analógica de las caravanas.
Consultadas por MOTIVAR, distintas empresas que también fueron parte de la licitación aseguraron que todo este proceso ha sido una verdadera “pérdida de tiempo y de dinero”. Además, aseguraron que si era tan importante mudar el sistema de trazabilidad individual al electrónico, existiría en el país el stock de caravanas para hacerle frente a la normativa, más allá de la falta de disponibilidad esgrimida por el adjudicatario. “Podríamos haber cubierto la demanda, pero no quisieron”, nos comentaban los empresarios que no pudieron garantizar que el abastecimiento de la caravana convencional esté asegurado ahora, ya que mientras se debatía la licitación, se dejó de producir.
Distintas empresas que también fueron parte de la licitación aseguraron que todo este proceso ha sido una verdadera “pérdida de tiempo y de dinero”.
No hay dudas, es irreversible la tendencia a la adopción de la identificación electrónica individual de los bovinos. Tanto para favorecer el comercio mundial, como para ofrecer previsibilidad y garantizar algunos de los requerimientos de los países donde puede ingresar con su producción, es una herramienta clave.
A su vez, refuerza el seguimiento de tratamientos sanitarios sobre el animal y facilita las condiciones para dar una respuesta rápida frente a posibles brotes sanitarios. Nadie duda de su importancia, pero llama la atención el proceso llevado adelante por el Senasa.
¿Habrá cambios en la licitación? ¿Seguirá todo tal lo pautado, con un solo jugador habilitado a partir del 1 de enero próximo? ¿Quién se hará cargo de la logística propia de las caravanas? ¿Seguirá siendo “gratis”?
La noticia es clara, concreta y ya es realidad. El Senasa resolvió el registro obligatorio y la operación de la fosfomicina y la polimixina B dentro del Sistema de Trazabilidad de Productos Fitosanitarios y Veterinarios, e indicó que tales componentes deberán ser prescritos en una receta electrónica veterinaria que entró en vigencia el 17 de marzo, según la Resolución 80/2025.
La nueva modalidad de prescripción sólo sería obligatoria en principio para los productos mencionados, aunque no se descartaría que en una próxima etapa se agreguen otros antibióticos de uso veterinario, “en busca mejorar el control y la trazabilidad de los tratamientos en animales de compañía y en aquellos destinados a la producción agropecuaria”, asegura el organismo.
En ese marco, los veterinarios deberán emitir la receta a través del sistema on line propio del Senasa, utilizando su clave fiscal.
Habrá dos tipos de recetas:
» Para animales productores de alimentos (ganado bovino, porcino, avícola, etc.), con una validez de 15 días desde su emisión.
» Para animales de compañía (perros, gatos y otros), con las mismas condiciones de vigencia.
En ambos casos, el profesional deberá completar un formulario digital con los datos del establecimiento o propietario del animal, el medicamento recetado, la dosis, la duración del tratamiento y el período de retiro en caso de animales de producción.
La nueva modalidad de prescripción sólo sería obligatoria en principio para la fosfomicina y la polimixina B, aunque no se descartaría que en una próxima etapa se agreguen otros antibióticos de uso veterinario.
Para el Senasa "es fundamental que los veterinarios, como garantes de la sanidad animal y la inocuidad de los alimentos, prescriban adecuadamente los productos veterinarios que contengan derivados de fosfomicina (Ácido fosfórico) utilizados en los tratamientos realizados en las unidades productivas de aves y cerdos, así como en animales de compañía".
De esta manera, el Senasa avanza en un viejo proyecto que ninguna otra administración pudo poner en marcha y las expectativas apuntan a que avance sobre la cadena de suministro de otros antibióticos. ¿El desafío? Conocer la propuesta real del organismo en cuanto a cómo -conociendo la dinámica del sector veterinario- logrará controlar y supervisar que efectivamente la norma se cumpla... Una tarea que no es en absoluto imposible, siempre que haya acuerdo entre todos los actores de la cadena.
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