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SUSCRIBITEEl sistema de trazabilidad de la ganadería se postergó porque el proveedor de los dispositivos no puede cumplir con condiciones, cantidades y plazos previstos.
El inicio del Sistema Nacional de Trazabilidad Electrónica Individual estaba previsto para el 1° de marzo.
A través de la resolución 19/2025, el gobierno nacional oficializó la prórroga de la puesta en marcha del sistema obligatorio de trazabilidad electrónica individual para bovinos, bubalinos y cérvidos, que debía comenzar el 1° marzo de este año. La nueva fecha de implementación es a partir del 1° de enero de 2026.
El motivo de la prórroga es que “el licitante comunicó formalmente su imposibilidad de cumplir con la entrega de los dispositivos en las condiciones, cantidades y plazos previstos en el pliego”, reza el texto de la norma.
A través de la Resolución 71/2024 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de La Nación, el Gobierno nacional había establecido el cambio del actual sistema de trazabilidad analógica y manual por el Sistema Nacional de Trazabilidad Individual Electrónica en bovinos, bubalinos y cérvidos.
La normativa original señalaba que la fecha límite para identificar electrónicamente a terneros/as era el próximo 1° de marzo, mientras que para el resto de las categorías se establecía como plazo máximo el 1° de julio de 2026.
En los fundamentos de la resolución 19/2025, se reconoce que el motivo de la prórroga es que “el licitante comunicó formalmente su imposibilidad de cumplir con la entrega de los dispositivos en las condiciones, cantidades y plazos previstos en el pliego”.
Se trata del consorcio integrado por la suiza Datamars y una filial local llamada Farm Tech Argentina SA, que resultó ganador de la licitación realizada por el Estado nacional argentino para adquirir 23,5 millones de caravanas electrónicas, de las cuales 10 millones tenían que ser entregadas en el primer trimestre de este año, algo que jamás sucedió.
“Dada la proximidad de la fecha de entrada en vigencia de la norma en cuestión, resulta fácticamente imposible abastecer la demanda de dispositivos electrónicos necesarios conforme las condiciones, metodología, y tiempos previstos”, señala la norma publicada ayer.
El Estado argentino se comprometió a hacerse cargo del costo de la caravana electrónica durante el primer año del régimen. Para eso se recurrió a financiación de una línea de crédito de un organismo del Banco Mundial.
