Desde hace años, el Colegio de Veterinarios de Buenos Aires (CVPBA) viene encendiendo una y otra vez la misma alarma: las castraciones masivas ilegales no solo siguen ocurriendo, sino que se multiplican en el territorio bonaerense, sin que las denuncias presentadas ante la Justicia provincial generen avances concretos.
Esta vez, el mensaje institucional fue más allá del llamado a la reflexión: cargado de frustración, apunta directo a la inacción judicial como causa estructural de la expansión de prácticas que el Colegio define como ilegales, insalubres y carentes de sustento científico.
Una práctica que pone en jaque la salud pública
Según lo expresado por la entidad, las castraciones masivas continúan realizándose en espacios no habilitados —como casas particulares, jardines de infantes, centros de jubilados y sociedades de fomento—, y son ampliamente difundidas por redes sociales, muchas veces bajo la coordinación de asociaciones proteccionistas.
“La gravedad del asunto radica esencialmente en que está en juego la salud pública bonaerense y el bienestar animal”, afirmaron desde el Colegio, remarcando que estos procedimientos, al estar fuera del marco legal y sanitario, exponen tanto a las mascotas como a las personas —en especial, a los sectores más vulnerables— a riesgos innecesarios.
Desde la institución aseguran que ya se han presentado alrededor de 20 denuncias formales, acompañadas por pruebas documentales, en distintas fiscalías de la provincia. Sin embargo, la falta de impulso judicial en todos los casos termina por consolidar un escenario de impunidad y habilita la repetición del problema.
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Crítica con nombre y apellido
El CVPBA también cuestionó de manera directa a la Red de Políticas Públicas, una organización que, según el comunicado, “ha sabido fortalecerse de la falta de intervención de la justicia” y que promueve prácticas “insostenibles desde lo científico”, con consecuencias graves en términos de sufrimiento animal.
“Convertir a las mascotas en números y estadísticas en un sistema de montaje que se despreocupa de su bienestar es inadmisible”, subraya el texto, en línea con la postura del Colegio de que la castración es un acto médico veterinario que solo debe ser realizado por profesionales matriculados, en entornos habilitados y bajo normas sanitarias vigentes.
Una Salud, como principio rector
El Colegio insiste en que estas prácticas vulneran el principio de Una Sola Salud, al promover el ejercicio ilegal de la profesión veterinaria y atentar contra la integridad de animales y personas por igual.
A la espera de respuestas concretas por parte del sistema judicial bonaerense, la institución reafirma su compromiso con el ejercicio profesional legal y ético, en defensa de la salud pública, el bienestar animal y el respeto por la normativa vigente. Porque en esta batalla, lo que está en juego no es una simple discusión gremial, sino un modelo de sanidad y responsabilidad social que involucra a toda la comunidad.