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SUSCRIBITEUna polémica ordenanza sobre tenencia de animales de compañía generó protestas, obligó a una revisión oficial y a crear un Comité de Bienestar Animal.
Temen que la norma sea contraproducente y redunde en más abandono de animales de compañía.
La implementación en Perú de la Ordenanza Municipal N.º 0002-2024-MPCH-A en el municipio de Chiclayo, que impone multas de hasta mil soles para quienes tengan en su vivienda más de dos animales de compañía, ha generado un fuerte rechazo social y una ola de cuestionamientos desde su difusión masiva en abril de 2026.
Lo que inicialmente se aprobó para establecer el régimen municipal y jurídico de protección, tenencia y bienestar animal, ha terminado desencadenando manifestaciones ciudadanas y forzando a la municipalidad a dar marcha atrás.
La normativa, que fue aprobada originalmente el 29 de enero de 2024 y consta de 84 artículos, se ha topado con la resistencia de vecinos y activistas que la consideran una medida arbitraria. Según los críticos, la ordenanza criminaliza a los dueños responsables en lugar de abordar los problemas de fondo relacionados con los animales de compañía.
Uno de los aspectos centrales y más polémicos de la ordenanza es la intención de aplicar multas a quienes incumplan la normativa. La sanción económica sería de mil soles, un equivalente U$S 291 dólares.
Uno de los puntos que mayor indignación ha causado es la limitación en la cantidad de animales permitidos, lo que ha sido calificado por algunos ciudadanos como una norma "abusiva" y una invasión a lo que sucede dentro de la propiedad privada.
Los colectivos animalistas han levantado su voz de protesta al advertir que esta restricción tendrá un impacto devastador en los rescatistas y albergues que recogen perros y gatos de la calle. Existe el temor generalizado de que la ordenanza derive, paradójicamente, en un aumento del abandono animal.
A esto se suma el cuestionamiento a la capacidad del gobierno local, ya que se critica que la municipalidad no cuenta con albergues propios ni con la infraestructura o recursos suficientes para acoger a los animales que podrían quedar desamparados a raíz de la aplicación de las multas.
Además, los ciudadanos sostienen que las autoridades están imponiendo sanciones económicas con un perfil "recaudatorio", en lugar de priorizar las verdaderas políticas preventivas, como la educación sobre tenencia responsable y campañas masivas de esterilización.
El descontento se trasladó a las calles el 2 de mayo de 2026, cuando decenas de manifestantes organizaron plantones y marchas en el Parque Principal de Chiclayo, exigiendo a las autoridades la derogación o modificación del reglamento.
Frente a las protestas presenciales y a la "furia en redes", la alcaldesa de la ciudad, Janet Cubas, anunció un retroceso en la aplicación estricta de la medida. Cubas aseguró que la ordenanza será evaluada por el área técnica y no descartó que se realicen modificaciones dentro del Concejo Municipal.
Como medida para apaciguar el conflicto social, la municipalidad ha anunciado la creación de un Comité de Protección y Bienestar Animal, una instancia que buscará abrir el diálogo con los sectores y colectivos afectados por la polémica norma.
El temor a un incremento en el abandono animal se enmarca en una severa crisis que ya afecta a todo el país, donde se estima que existen más de 6 millones de perros y gatos callejeros.
Esta alarmante cifra sería consecuencia directa de la falta de una cultura de tenencia responsable, el escaso acceso a servicios de esterilización, el comercio informal de mascotas y una débil fiscalización de las leyes de bienestar animal.
