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SUSCRIBITEUn fallo federal devuelve al INTA su autarquía y frena el pase a disponibilidad, garantizando estabilidad y manejo autónomo del organismo.
INTA, un organismo clave con financiamiento propio y una gobernanza representativa.
La Justicia Federal ha dictado un fallo contundente que frena el intento del Gobierno de avanzar con más de 300 despidos encubiertos en el INTA. El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº 2 de San Martín, a cargo de la jueza federal Martina Isabel Forns, avaló la derogación del polémico Decreto 462 y ordenó la restitución de la autarquía al organismo.
La decisión judicial surgió a raíz de un amparo sindical presentado por la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA). Este freno judicial llega en un momento en que el Congreso ya debatía la nulidad del decreto desregulador del Presidente Javier Miley y existía una cautelar previa en contra de tales medidas.
El Gobierno había dispuesto el "pase a disponibilidad" de más de 300 trabajadores estatales del INTA. El Decreto 462 pretendía modificar la figura jurídica del INTA, transformándolo en un ente desconcentrado, cambiar su consejo directivo y director nacional, y quitarle su fuente de financiamiento propia, lo que incluía la potencial "disponibilidad" de 286 trabajadores.
El fallo de la jueza Forns intima al Estado Nacional a no avanzar con ninguna "disponibilidad" y le exige informar al Juzgado si se ha tomado alguna medida basada en la resolución 1240 del Ministerio de Economía, la cual la magistrada declaró sin vigencia. Además, la resolución judicial establece una multa de 10 millones de pesos diarios para el Estado Nacional en caso de incumplimiento. Se advierte que cualquier funcionario que lleve a cabo medidas contrarias a este mandato judicial podría ser acusado de incumplimiento.
Mario Romero, Secretario General de APINTA, celebró el fallo y aseguró que el INTA "vuelve a ser un ente autárquico con una fuente de financiamiento y con una gobernanza en la que están representados los productores, el Estado Nacional y las universidades". Romero enfatizó que no hubo "disponibilidad" efectiva de trabajadores, ya que ninguno fue notificado y todos continuaron cumpliendo sus funciones.
El dirigente gremial explicó que, tras la decisión judicial, "el INTA tiene que volver a la situación previa al 8 de julio" —fecha de publicación del decreto 462—, lo que implica la restitución del Consejo Directivo, el Director Nacional y la dirección general de administración. Este retorno al formato original reafirma al INTA como un organismo clave con financiamiento propio y una gobernanza representativa.
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