El Colegio de Veterinarios de Buenos Aires (CVPBA) vuelve a encender las alarmas: tras años de advertencias y una causa iniciada en 2018, la justicia finalmente ordenó allanamientos y avanza contra un falso veterinario que operaba en Pilar. "Lo hace recién ahora, luego de que un nuevo caso con desenlace fatal expusiera con crudeza la magnitud del problema", observaron desde la entidad.
El detonante fue la denuncia de una vecina de 43 años, quien llevó a su perro adoptado a atenderse con C. C., de 45 años, un supuesto “veterinario del pueblo”, tal como se autodenominaba. Tras la muerte del animal, profesionales matriculados detectaron que los estudios realizados al animal no eran válidos y que quien los había firmado nunca estuvo habilitado para ejercer.
"La historia es conocida: usurpación de título, atención irregular de animales, operaciones sin respaldo y consecuencias graves. Lo nuevo es que, al fin, la Fiscalía N°3 de Pilar retomó la causa y ordenó allanamientos que podrían marcar un antes y un después", señalaron desde el Colegio.
Una muerte que pudo evitarse
Sin embargo, desde el CVPBA son claros: este desenlace pudo haberse evitado. “Desde 2018 venimos presentando pruebas, testigos, documentación. La justicia no actuó, y el resultado es una pérdida que duele”, advirtieron.
"Durante años, el acusado no solo atendió animales, sino que también intentó postularse como referente del área de Zoonosis local. Todo esto, sin título, sin matrícula, y sin control", alertaron.
Lo que expone el caso de Pilar no es una excepción. La falta de reacción judicial ante estas denuncias deja una puerta abierta para que falsos profesionales se instalen en barrios, ciudades y pueblos, exponiendo a las personas y a los animales a riesgos innecesarios. “Lo vimos también con Virginia Del Oro en Ituzaingó, aún a la espera de juicio oral, tras ejercer ilegalmente como directora de Zoonosis”, remarcan desde el Colegio.
La advertencia no es nueva, pero cobra fuerza: verificar la matrícula de quien se presenta como veterinario no es un formalismo. Es salud pública. Es responsabilidad profesional. Y, ante todo, es justicia.