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SUSCRIBITESenasa actualizó el análisis de biotecnología en alimentos genéticamente modificados y sus derivados, con nuevos criterios de inocuidad y evaluación.
Senasa reemplaza los criterios vigentes desde 2002 y redefine cómo se analizan los riesgos asociados al consumo humano y animal de los desarrollos biotecnológicos (OGM).
Senasa actualizó el marco regulatorio con el que evalúa la aptitud alimentaria de los organismos genéticamente modificados (OGM) y los productos derivados de ellos. La medida quedó establecida en la Resolución 199/2026, que reemplaza los criterios vigentes desde 2002 y redefine cómo se analizan los riesgos asociados al consumo humano y animal de estos desarrollos biotecnológicos.
En la práctica, la norma no habilita nuevos OGM ni modifica el sistema general de aprobación que rige en Argentina. Lo que cambia es la forma en que el Senasa realiza la evaluación de inocuidad alimentaria, una de las etapas técnicas que deben completarse antes de que un evento biotecnológico pueda avanzar hacia su eventual autorización comercial.
El sistema argentino de aprobación de OGM se basa en tres evaluaciones. La primera analiza el impacto ambiental y está a cargo de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia). La segunda examina si el producto es seguro para el consumo humano y animal, tarea que corresponde al Senasa. La tercera considera los aspectos productivos y comerciales, y la decisión final recae en la Secretaría de Agricultura. La nueva resolución modifica únicamente la segunda de esas instancias.
Entre los cambios más relevantes se incorpora un esquema con dos modalidades de evaluación. Por un lado, se mantiene un trámite normal, que implica un análisis técnico completo para los casos de mayor complejidad. Por otro, se establece un trámite diferencial, pensado para situaciones consideradas menos complejas y con requisitos de información más acotados, aunque igualmente sujetos a evaluación científica.
La resolución también redefine la documentación que deberán presentar las empresas o instituciones que desarrollen un OGM y soliciten su evaluación alimentaria. Entre otros elementos, deberán aportar una descripción del evento biotecnológico, estudios científicos sobre su inocuidad, comparaciones con alimentos convencionales con historial de consumo seguro y antecedentes regulatorios en otros países, cuando existan.
Además, los desarrolladores deberán comprometerse a proporcionar métodos analíticos para detectar el evento genético si el Senasa lo requiere y a retirar el producto derivado del mercado en caso de que el organismo lo solicite por razones sanitarias.
Este cambio regulatorio se complementa con otra medida publicada días después por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. A través de la Resolución 24/2026 se actualizó el procedimiento que permite determinar si un organismo obtenido mediante nuevas técnicas de mejoramiento genético debe ser considerado o no un OGM.
En términos regulatorios, esta norma actúa antes de la evaluación del Senasa. Establece una instancia de consulta previa en la que los desarrolladores pueden presentar información técnica sobre organismos obtenidos mediante herramientas de biotecnología moderna —como las llamadas Nuevas Técnicas de Mejoramiento (NBT)— para que la autoridad determine si ese desarrollo queda alcanzado por la normativa vigente para OGM.
Si el resultado indica que el organismo sí debe considerarse un OGM, deberá atravesar las evaluaciones previstas en el sistema regulatorio argentino, entre ellas el análisis de inocuidad alimentaria que realiza el Senasa y que fue actualizado recientemente.
Una vez concluido ese análisis, la Dirección de Estrategia y Análisis de Riesgo elaborará un “Documento de Decisión” con los fundamentos técnicos de la evaluación. Ese informe se publicará en el sitio web del organismo, aunque la propia resolución aclara que este paso no constituye una autorización comercial, sino un requisito previo dentro del proceso regulatorio.
En términos prácticos, la actualización no implica cambios inmediatos para los consumidores. Los alimentos derivados de cultivos modificados genéticamente forman parte de la cadena agroalimentaria desde hace décadas.
Lo que introduce la resolución es una actualización del procedimiento técnico con el que se analiza su seguridad alimentaria, en un contexto en el que las herramientas de biotecnología agrícola evolucionaron significativamente desde comienzos de los años 2000.
