La tucura sapo pone en riesgo la ganadería ovina y caprina patagónica

Lejos de extinguirse tras aquel episodio, el problema se consolidó como una amenaza recurrente. Durante 2022 y con especial intensidad hacia fines de 2025 y comienzos de 2026, el organismo sanitario debió renovar alertas fitosanitarias preventivas (como la Resolución 816/2025) ante el refloramiento de focos poblacionales en áreas clave como Cushamen, Gastre y la meseta central. Estos brotes continuados confirman que no se trata de eventos aislados, sino de una dinámica estructural ligada al clima y a las condiciones del terreno en la región.

Voracidad extrema y golpe a las comunidades vulnerables

El impacto más severo de la tucura sapo no recae sobre grandes cultivos extensivos de granos, sino sobre la ganadería ovina y caprina, pilar de la economía patagónica. El insecto consume vorazmente los pastos de la estepa y arremete con especial saña contra los mallines, los valles húmedos que concentran el recurso forrajero de mayor valor nutricional. Al arrasar la cubierta vegetal, deja el suelo completamente al descubierto e interrumpe el proceso natural de rebrote, reduciendo drásticamente el alimento disponible para el ganado.

Esta devastación ambiental adquiere un matiz marcadamente social al castigar a los sectores productivos más frágiles: pequeños productores minifundistas, agricultores familiares y comunidades de pueblos originarios Mapuche y Tehuelche. La voracidad del acridio es de tal magnitud que, una vez agotada la materia verde disponible, manifiesta comportamientos caníbales, ingiriendo a los ejemplares muertos de su propia especie para sostener su marcha colectiva.

Manejo preventivo

Enfrentar a la tucura sapo exige comprender su ciclo biológico univoltino. La especie transcurre los meses fríos del otoño e invierno en estado de huevo bajo tierra, protegida por una diapausa embrionaria que puede prolongarse durante una o más temporadas. Dado que los primeros nacimientos de ninfas comienzan a registrarse entre fines del invierno y principios de la primavera, la clave de la prevención reside en el monitoreo temprano y constante de los sitios con antecedentes de postura.

Para una vigilancia efectiva, las recomendaciones técnicas sugieren el trazado de transectas de observación (recorridos lineales de 100 metros por 1 metro de ancho distanciados periódicamente) para contar la densidad de ejemplares por metro cuadrado y determinar su estadio de desarrollo. Asimismo, la detección de orificios de oviposición en el suelo permite evaluar la realización de labores mecánicas para exponer los huevos a la intemperie o delimitar las zonas críticas para actuar apenas emerjan las primeras ninfas.

Métodos de control y el catálogo de fitosanitarios

La ventana oportuna para el control químico se presenta en las primeras etapas ninfales, momento en que los insectos son más vulnerables. Entre los métodos terrestres recomendados figuran las motomochilas, pulverizadoras en vehículos y el uso de cebos tucuricidas (preparados a base de salvado de trigo, agua y dimetoato), una alternativa de menor costo y bajo impacto ambiental, aunque condicionada por su corta residualidad de hasta 48 horas y su sensibilidad a la humedad.

En zonas urbanas o periurbanas, se aconseja complementar la estrategia con controles mecánicos y barreras físicas, tales como zanjas de contención, cercos perimetrales de chapa o media sombra de un metro de altura e impermeabilización de pozos de agua potable. Todas las aplicaciones químicas deben realizarse exclusivamente con productos fitosanitarios autorizados por Senasa (como cipermetrina o deltametrina), respetando estrictamente las Buenas Prácticas Agropecuarias, el uso de Equipos de Protección Personal (EPP) y los períodos de carencia para evitar la contaminación de alimentos y fuentes hídricas.

Entre el protocolo institucional y la realidad del territorio

El abordaje oficial promueve la articulación mediante la Mesa Interinstitucional para el Manejo de Tucuras en la Patagonia (MTP) —coordinada por el Senasa junto al INTA, CONICET y gobiernos provinciales— y apela a la denuncia obligatoria por parte de los productores a través de canales como la app Alertas Senasa. No obstante, un análisis desapasionado de la situación evidencia que la efectividad del sistema descansa de manera desproporcionada sobre la capacidad operativa del propio poblador rural.

Si bien las normativas vigentes (como la Ley 27233) establecen la responsabilidad legal del superficiario en el monitoreo y control dentro de sus predios, las recurrentes declaraciones de emergencia fitosanitaria desde 2020 reflejan los límites del esquema estatal. En áreas aisladas de la meseta, donde el acceso a insumos y equipamiento es complejo, las resoluciones administrativas y las recomendaciones de manual corren el riesgo de quedar como meras declaraciones de intenciones si no van acompañadas de un apoyo logístico, financiero y técnico directo y sostenido en el tiempo.