La Comisión Europea ha decidido llevar a Francia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debido a un presunto incumplimiento de las normativas de libertad de establecimiento y libre circulación de servicios. Según informó Diario Veterinario, el conflicto se centra en las reglas nacionales que rigen las empresas y la Profesión veterinaria en el país galo, generando un debate sobre la independencia profesional y el control del capital.
Bruselas considera que las exigencias francesas, que establecen que la mayoría de las acciones de las empresas veterinarias deben estar en manos de veterinarios en ejercicio dentro de la propia empresa y que estos accionistas deben estar presentes en cada establecimiento al menos a tiempo parcial, crean obstáculos injustificados. Estas normas, según la Comisión Europea, limitan la capacidad de los profesionales para establecerse y organizar su trabajo, afectando la libre prestación de Servicios veterinarios.
La Profesión veterinaria defiende su autonomía
El Sindicato de Veterinarios de Francia, junto con el Consejo Nacional Veterinario, ha defendido activamente estas regulaciones. Argumentan que la exigencia de un capital y derechos de voto mayoritariamente en manos de veterinarios en ejercicio no es una barrera proteccionista, sino una garantía fundamental. Esta medida asegura que las decisiones clínicas y de prescripción se mantengan al margen de lógicas puramente financieras, siendo tomadas por profesionales competentes en interés del bienestar animal y la salud pública.
Además, las organizaciones francesas sostienen que estas normas representan una razón imperiosa de interés general, como el control del medicamento y la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos, aspectos reconocidos por el Derecho de la Unión Europea. Rechazan la idea de que la normativa limite el número de establecimientos o haga menos atractivo el ejercicio profesional, citando el alto número de veterinarios formados en el extranjero que eligen Francia para ejercer.
El sindicato enfatiza que, si bien respetan la estructuración en grupos, las normas impugnadas protegen el ejercicio profesional frente a una "financiación depredadora" que subordinaría la atención al rendimiento económico. Este fenómeno, donde la proporción de veterinarios de pequeños animales integrados en grupos ha crecido significativamente, es actualmente objeto de una comisión parlamentaria de investigación en Francia. Desmantelar estas normas ahora resultaría paradójico, según los profesionales.
Finalmente, el Sindicato de Veterinarios de Francia subraya que la preservación de la cobertura veterinaria del territorio, especialmente en zonas rurales, depende directamente de la viabilidad económica del ejercicio profesional. Sin este apoyo, la subvención pública se volvería inevitable para mantener la atención veterinaria.
FUENTE: Diario Veterinario