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SUSCRIBITEMejorar la salud animal exige sumar al sector privado. Un informe de la OMSA revela qué falta en los marcos legales de muchos países para hacerlo posible.
Salud animal. El objetivo es posible, siempre que haya transparencia, monitoreo y respaldo legal.
En un contexto donde las enfermedades zoonóticas representan una amenaza creciente a nivel global, la eficacia de los servicios veterinarios se vuelve clave no solo para proteger la salud animal, sino también para garantizar la seguridad alimentaria y la salud pública. En este escenario, las asociaciones público-privadas (APP) surgen como una oportunidad concreta para sumar fuerzas entre el Estado y el sector privado.
Así lo destaca un reciente análisis de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), que examinó marcos legales en África, Asia del Sur y el Sudeste Asiático. ¿El resultado? Si bien muchos países cuentan con leyes que permiten implementar APP, todavía son pocos los que prevén específicamente la delegación de funciones veterinarias oficiales a actores no gubernamentales, como veterinarios privados o paraprofesionales.
Según el informe, sólo el 50% de los países del sudeste asiático y el 35% de los africanos analizados tienen una base legal clara que autorice a las autoridades a delegar tareas oficiales en veterinarios privados. Esto representa una limitación concreta al momento de responder con agilidad ante emergencias sanitarias, como brotes de enfermedades infecciosas.
“La ley debe permitir compartir responsabilidades con el sector privado, pero también definir claramente los roles, protocolos y mecanismos de control”, destacan desde la OMSA. En este sentido, la organización recomienda revisar y actualizar la normativa vigente para habilitar estas colaboraciones de manera segura, eficiente y transparente.
El manual de APP publicado por la OMSA en 2019 propone lineamientos concretos para que los gobiernos avancen en este tipo de acuerdos. La clave está en compartir recursos y riesgos, pero también en aprovechar el conocimiento técnico, la infraestructura y la agilidad que puede ofrecer el sector privado.
La experiencia de países que ya cuentan con estos marcos legales sugiere que los resultados son positivos, siempre que haya transparencia, monitoreo y respaldo legal.
Si bien el informe no analiza específicamente la situación legal de nuestro país, el mensaje es claro: fortalecer los marcos normativos que regulan la relación entre el Estado y los veterinarios privados puede mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y ampliar el alcance de los servicios sanitarios.
A la luz de lo aprendido durante la pandemia y los desafíos sanitarios que enfrenta la ganadería, avanzar en esquemas de colaboración público-privada aparece como una oportunidad concreta para profesionalizar y modernizar el sistema de salud animal.
FUENTE: OMSA
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