La influenza aviar vuelve a ocupar un lugar central en la agenda sanitaria argentina. Con 21 brotes confirmados en lo que va de 2026, la circulación del virus (H5N1) se mantiene activa y obliga a sostener —y en algunos casos reforzar— los esquemas de vigilancia en todo el territorio nacional.
El dato no es menor. Lejos de tratarse de episodios aislados, el escenario actual confirma una dinámica sostenida de la enfermedad, con focos detectados en distintas jurisdicciones, entre ellas Buenos Aires, CABA, Córdoba y Río Negro. A esto se suma la situación regional, con Uruguay bajo emergencia sanitaria, lo que termina de configurar un contexto epidemiológico que exige máxima atención.
Tal como se desprende del último Boletín Epidemiológico Nacional, la preocupación no radica únicamente en la cantidad de casos, sino en la persistencia del virus en el ambiente y su vínculo directo con las rutas migratorias de aves silvestres. En ese punto, Argentina comparte una condición estructural con otros países de la región: la interacción constante entre fauna silvestre y sistemas productivos. Y es allí donde el impacto trasciende lo estrictamente sanitario.
La influenza aviar representa un riesgo concreto para la producción, especialmente en un país donde la avicultura tiene peso específico tanto en el consumo interno como en la generación de divisas. La alta mortalidad en aves infectadas, sumada a la vulnerabilidad de los sistemas de traspatio, configura un escenario donde cada foco puede traducirse en pérdidas económicas directas e indirectas.
A diferencia de otros eventos sanitarios, en este caso la amenaza no se limita a los establecimientos comerciales. Los sistemas de menor escala, muchas veces con menores niveles de bioseguridad, quedan particularmente expuestos. Y es precisamente en esos entornos donde el virus encuentra condiciones propicias para su diseminación.
En paralelo, el monitoreo sobre la exposición humana continúa sin registrar saltos epidemiológicos de relevancia, pero bajo estricta vigilancia. En lo que va del año, se contabilizan 75 personas expuestas, de las cuales 12 permanecen bajo seguimiento activo. Las autoridades sanitarias reiteran que el contagio no se produce por el consumo de carne o huevos, sino por contacto directo con animales infectados o superficies contaminadas.
En este contexto, el sistema sanitario mantiene operativos los protocolos de detección temprana, con laboratorios de alta bioseguridad en funcionamiento y esquemas de monitoreo permanente en zonas consideradas críticas.
Recién en este punto aparece el Litoral como área de atención prioritaria. Si bien provincias como Entre Ríos no registran casos activos al momento, su ubicación geográfica —en plena interacción con corredores biológicos y productivos— la posiciona dentro de una zona de riesgo. La cercanía con focos confirmados y su ecosistema, atravesado por humedales y cursos de agua, refuerzan la necesidad de controles preventivos, especialmente en las costas de los ríos Paraná y Uruguay.
Anticiparse antes que reaccionar
Las recomendaciones oficiales apuntan en esa dirección. Evitar el contacto con aves enfermas o muertas, no manipular superficies potencialmente contaminadas y notificar de inmediato cualquier sospecha al Senasa forman parte de un esquema que busca ganar tiempo frente a un virus que ya demostró su capacidad de adaptación.
En definitiva, el desafío no es nuevo, pero sí persistente. Argentina ya atravesó episodios similares y cuenta con herramientas para enfrentarlos. Sin embargo, el contexto actual —con circulación sostenida y presión regional— obliga a no subestimar el escenario.
Porque si algo ha dejado en claro la influenza aviar en los últimos años es que su impacto no depende solo de la aparición de casos, sino de la velocidad con la que se logre detectarlos y contenerlos.
Y en ese equilibrio, la sanidad vuelve a ocupar el lugar que nunca debió perder: el de variable estratégica para toda la cadena productiva.