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SUSCRIBITECon la Ley 10.986 en vigencia, Entre Ríos avanza contra la venta ilegal de zooterápicos: secuestraron productos veterinarios sin habilitación valuados en $40 millones.
La ley de zooterápicos de Entre Ríos ya arroja resultados.
La provincia de Entre Ríos logró dar un paso decisivo en la regulación del expendio de productos veterinarios. Gracias a la gestión sostenida del Colegio de Médicos Veterinarios, se sancionó la Ley N° 10.986, que exige que todo establecimiento que elabore, prepare o comercialice zooterápicos cuente con la dirección técnica obligatoria de un profesional matriculado en la provincia.
Y a poco de su reglamentación —con el Decreto 2.114/25— la normativa ya tuvo su primera prueba de fuego. En la ciudad de La Paz, personal de la Brigada de Delitos Rurales de la Policía entrerriana decomisó más de 1.000 productos veterinarios, valuados en $40 millones, sin habilitación ni homologación del Senasa. El operativo fue ordenado por el Juzgado de Garantías y Transición local, con intervención directa de la Dirección de Producción Animal del Ministerio de Desarrollo Económico.
“La investigación se inició tras una denuncia del Colegio. Esta normativa busca resguardar la salud animal y pública”, explicó Martín Sieber, director de Producción Animal provincial.
Durante el allanamiento, se encontraron 27 cajas con medicamentos para equinos en un domicilio particular, fuera de toda normativa vigente.
Uno de los pilares de la ley es la exigencia de que todo Establecimiento de Venta de Productos Veterinarios (EVPV) exhiba en su vidriera un código QR de habilitación, generado desde el sistema de Autogestión del Colegio y renovable anualmente.
“Trabajamos codo a codo con el gobierno. El QR permite al consumidor identificar de forma simple si el local está habilitado y cumple con las medidas para preservar la salud pública y el bienestar animal”, afirmó la MV Carolina Lell, presidenta del Colegio.
Además, la ley establece que el veterinario regente debe estar presente durante todo el horario de atención en que se vendan productos zooterápicos. La autoridad de fiscalización recae en el Ministerio de Desarrollo Económico, a través de la Dirección de Ganadería.
Este avance normativo no solo fortalece el rol del veterinario en la cadena de valor sanitaria, sino que también busca combatir la venta ilegal de fármacos, muchos de los cuales representan un riesgo real para la salud de los animales y de las personas.
El decomiso en La Paz es una muestra concreta de que cuando hay legislación clara y voluntad de aplicarla, los resultados llegan.
