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SUSCRIBITEEl acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea quedó trabado por dudas legales y presión de agricultores europeos.
Tractorazo en Francia. La protesta de agricultores incidió en el freno al acuerdo del Mercosur y la UE.
El ambicioso acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) vive un momento de máxima incertidumbre tras un revés inédito en Bruselas. La eurocámara decidió esta semana frenar su aprobación y enviar el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para un examen jurídico que podría demorar su plena entrada en vigor por meses o incluso años.
El Parlamento Europeo votó ayer una moción, por un estrecho margen de 334 votos a favor y 324 en contra, para remitir el acuerdo al máximo tribunal de la UE con el fin de aclarar si cumple con los tratados comunitarios y las competencias del bloque. Esa decisión impide que la Eurocámara ratifique el pacto mientras no exista un dictamen jurídico sobre su legalidad, generando una pausa forzada en su tramitación parlamentaria.
Aunque el acuerdo fue firmado formalmente el 17 de enero en Asunción, Paraguay, tras el visto bueno político de los gobiernos europeos y del Mercosur, la ratificación definitiva por parte del Parlamento era el paso clave para su entrada en vigor. Con la judicialización del proceso, ese calendario se trastoca.
La clave del desacuerdo radica en preocupaciones legales y políticas de eurodiputados y gobiernos sobre partes sensibles del texto. Entre los puntos que más controversia generan está el llamado mecanismo de reequilibrio, que permitiría a países del Mercosur reclamar compensaciones si nuevas normas europeas afectan sus intereses económicos, y dudas sobre si el acuerdo respeta plenamente las competencias comunitarias.
Estos cuestionamientos no surgen en el vacío. El acuerdo —que favorece la eliminación de aranceles a más del 90% del comercio entre ambos bloques y promueve el acceso de productos sudamericanos, como carne, soja y azúcar, al mercado europeo— ha enfrentado rechazo frontal de agricultores y ganaderos europeos preocupados por la competencia con importaciones más baratas y estándares sanitarios distintos.
La protesta social ha sido un factor persistente. En Francia, Irlanda y otras capitales europeas, tractoradas y bloqueos han acompañado la discusión política, con productores agrarios que reclaman protecciones más firmes o incluso la anulación del pacto. Estas movilizaciones reflejan profundas divisiones internas en la UE sobre la globalización, la soberanía alimentaria y los compromisos ambientales.
Para los gobiernos del Mercosur —especialmente Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay— el acuerdo prometía abrir uno de los mercados más grandes del mundo, con alrededor de 700 millones de consumidores, y diversificar sus exportaciones más allá de las giras tradicionales hacia Asia o Estados Unidos.
Desde la perspectiva europea, el pacto era visto por sectores industriales como un instrumento para reforzar la competitividad frente a China y reducir barreras comerciales, pero ahora ese argumento choca con inquietudes domésticas y restricciones jurídicas.
El Tribunal de Justicia de la UE será el actor decisivo para dirimir si el acuerdo está alineado con los tratados de la Unión, un proceso que, según analistas, podría tomar entre 18 y 24 meses. Mientras tanto, la Comisión Europea aún podría optar por aplicar el acuerdo de forma provisional, una posibilidad que sigue siendo objeto de debate interno y que algunos gobiernos europeos ven como una salida pragmática.
El freno al acuerdo Mercosur-UE es, en definitiva, una crisis de legitimidad y estrategia que combina intereses económicos, soberanía regulatoria y presión social. Un caso de estudio sobre cómo los tratados comerciales del siglo XXI dependen, cada vez más, tanto de tribunales como de parlamentos y calles.
