lunes 23 de marzo de 2026
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Publicado en la edición de agosto de la Revista Iberoamericana de Derecho Agrario, el trabajo denominado “Las regulaciones sanitarias y ambientales como garantía de sostenibilidad para el desarrollo de la producción primaria porcina en Argentina” plantea una serie de desafíos concretos.
Allí, sus autores Paula Noseda y Sebastián Ramón, del Grupo Laboratorio Azul Diagnóstico se preguntan si las condiciones normativas e institucionales vigentes son un marco suficiente para que la actividad de producción primaria porcina se desarrolle de manera sostenible.
Si bien los interesados pueden acceder al trabajo completo escaneando el Código QR que complementa este artículo, a continuación, compartimos algunas de las conclusiones a las que arribaron los autores.
En su propuesta, Noseda y Ramón destacan que para originar un crecimiento sustentable del sector porcino nacional en toda la cadena de valor y un aporte al desarrollo de la economía en su conjunto es necesario que los empresarios y el Estado.
¿Cómo? A través de sus autoridades de contralor y los veterinarios como co-responsables sanitarios, ordenando objetivos y esfuerzos en el mismo sentido.
Asimismo, el trabajo refuerza que los actores más relevantes a nivel mundial en la actividad porcina tienden a producir en granjas de cada vez mayor tamaño, logrando así economías de escala para la aplicación de tecnologías de avanzada en cuanto a genética, sanidad y bioseguridad.
“A grandes rasgos, en Argentina se presentan a la vez las siguientes tendencias: 1) cierto sector que pretende el desarrollo de la producción porcina a gran escala para su inserción a escala mundial lo que requiere de grandes inversiones; 2) otro sector de productores comerciales que no alcanzan la escala anterior y 3) un sector informal y de autoconsumo”, sostiene el documento que también se puede solicitar completo vía e mail a [email protected].
Y aporta, además: “Ello revela a la vez, la importancia y la dificultad que presenta el poder pensar políticas de desarrollo del sector porcino si no se lo hace a partir de la heterogeneidad de los actores que son parte, los cuales requieren de diversos estímulos para su desarrollo sostenible. En todos los casos, será insoslayable la inclusión de algún tipo de gestión ambiental de acuerdo con las escalas de los establecimientos respecto de los impactos negativos que los mismos pudieren generar en el ambiente”.
Más allá de revisar la legislación vigente en materia sanitaria y ambiental en cada jurisdicción (provincial y/o municipal), la investigación generada por Paula Noseda y Senastián Ramón, del Grupo Diagnóstico Azul, destaca que la autoridad de aplicación debería prever espacios de diálogo con las distintas categorías de productores para revisar y adaptar a cada tamaño de emprendimiento los requisitos vigentes para su habilitación y su adecuada gestión sanitaria, de bioseguridad y ambiental.
Finalmente, el trabajo deja en claro que nuestro país y las jurisdicciones provinciales cuenta en general con un amplio catálogo de normas de protección ambiental que muchas veces adolecen de eficacia al momento de su aplicación por lo que apelamos a mejorar el compromiso social de todos los actores vinculados al sector porcino nacional.