El fenómeno climático de El Niño ha puesto en jaque a la ganadería del Litoral argentino, sumergiendo a la región en una de las crisis hídricas y logísticas más severas de los últimos años. Las intensas lluvias registradas en las cuencas altas de Brasil forzaron un incremento abrupto en los caudales fluviales que quintuplicaron los pronósticos iniciales.
Por las inundaciones de El Niño, más de 7.000 cabezas de ganado corren peligro
El Niño amenaza con el ahogamiento y muerte por inanición del ganado en zonas críticas. Con qué medidas ayuda el Senasa y qué falta para rescatar más bovinos.
En la cuenca del río Iguazú, el aporte directo saltó de una media habitual de 1.500 metros cúbicos por segundo a un pico destructivo de 12.000 metros cúbicos por segundo (12 millones de litros por segundo).
Este descomunal volumen de agua impactó de lleno en las represas hidroeléctricas ubicadas aguas abajo, obligándolas a abrir sus vertederos principales para atenuar la crecida de manera natural. Actualmente, Itaipú vierte unos 19.000 metros cúbicos por segundo, mientras que la Represa Binacional de Yacyretá reporta un ingreso masivo de 28.000 metros cúbicos por segundo (28 millones de litros por segundo), un registro que se posiciona un 40% por encima de la media histórica de octubre. El resultado es una masa líquida imparable que avanza anegando campos de pastoreo, caminos rurales y zonas insulares en Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos.
Bovinos en peligro y rescate a contrarreloj
La verdadera zona cero de la catástrofe se localiza en la región insular del río Paraná y las costas bajas del río Uruguay. La novedad que encendió todas las alarmas sectoriales es que cerca de 7.000 cabezas de ganado corren peligro inminente de muerte por ahogamiento e inanición en una de las zonas críticas evaluadas en Entre Ríos, debido a la drástica reducción de las parcelas altas seguras.
La velocidad del agua ha superado por completo la capacidad de respuesta de los productores. Hasta la fecha, los operativos de emergencia coordinados a contrarreloj mediante arreos a nado y barcazas apenas han logrado evacuar entre 450 y 500 animales por día. Los técnicos de las principales entidades agropecuarias proyectan un escenario sombrío: entre 3.500 y 4.000 bovinos podrían quedar completamente aislados en el corazón de las islas, rodeados por el agua, sin forraje disponible y expuestos a hipotermia y afecciones sanitarias severas como parasitosis y pietín.
La magnitud del desastre ha forzado declaraciones oficiales en cascada. El gobierno de Entre Ríos dictó la Emergencia Hídrica provincial, con el foco puesto en la contención civil en localidades críticas como Concordia, donde el río Uruguay orilla los 12 metros. En paralelo, la provincia de Santa Fe decretó el estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario en los departamentos del norte —como el distrito de La Gallareta en Vera—, donde lluvias locales que acumulan casi 1.000 milímetros dejaron más del 50% de la superficie productiva bajo agua. Según datos de CREA Litoral Sur, el panorama compromete a un sector estratégico para el negocio cárnico: el 21% del stock vacuno nacional se encuentra en departamentos con alto riesgo hídrico, afectando en Entre Ríos al 54% de los novillos y al 44% de los novillitos.
Senasa: flexibilización administrativa en las oficinas locales
Ante la presión del arco productivo y la evidencia de una catástrofe climática en marcha, el Senasa debió adecuar sus esquemas regulatorios para no convertirse en un obstáculo burocrático frente a la urgencia de salvar las haciendas. A través de sus Direcciones Nacionales y Oficinas Locales, el organismo sanitario activó medidas excepcionales orientadas a destrabar el movimiento de hacienda en las zonas bajo desastre.
El primer eje de intervención fue la postergación excepcional de la vacunación obligatoria contra la fiebre aftosa. En el marco general de la Resolución Senasa N° 1259/2023, la normativa prohíbe taxativamente el tránsito de animales sin la campaña al día. No obstante, mediante circulares de emergencia de la Dirección Nacional de Sanidad Animal (DNSA), el organismo facultó a sus dependencias en el Litoral a autorizar el despacho de tropas desde los campos inundados sin la vacunación previa, obligando a los productores a completarla una vez que los rodeos arriben sanos y salvos a sus establecimientos de destino.
Asimismo, se operaron modificaciones informáticas sobre el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA), amparado en las Resoluciones N° 356/2008 y N° 162/2018. En situaciones de normalidad, el sistema bloquea de manera automática la emisión del Documento de Tránsito Electrónico (DT-e) si el productor posee inconsistencias de stock en el RENSPA, actas pendientes o falta de muestreos de Brucelosis.
Para paliar la crisis, el Senasa introdujo la figura excepcional de "Traslado por Emergencia Hídrica", levantando provisionalmente estos candados virtuales para permitir la emisión exprés de las guías de tránsito. Por último, en línea con la reciente Disposición DNSA N.° 26/2026 —que suprimió la obligatoriedad de presentar certificados de uso territorial y aptitud ambiental ante el organismo—, se agilizó el trámite sanitario para dar de alta "establecimientos receptores" provisionales en tierra firme, permitiendo que corrales y campos altos queden habilitados de inmediato en el sistema informático para absorber el ganado evacuado.
El reclamo de los productores: lo que falta para frenar el desastre
A pesar de las flexibilizaciones de carácter documental otorgadas por la autoridad sanitaria, las sociedades rurales locales y los comités de crisis advierten que las medidas son insuficientes ante una infraestructura regional que colapsó. El principal reclamo del sector ganadero apunta a un cuello de botella logístico inviable: los costos de los fletes y del alquiler de barcazas de transporte fluvial ganadero se han disparado por la altísima demanda de emergencia, volviéndose inaccesibles para los pequeños y medianos productores. Se exige de manera urgente la implementación de subsidios específicos al transporte fluvial o la disposición de barcazas estatales para agilizar los rescates en las islas.
Por otra parte, la saturación de los campos altos ha encendido alarmas por desnutrición. Al no haber suficiente "tierra firme" disponible para albergar a los miles de animales que salen del agua, las entidades rurales exigen a las carteras de producción provinciales una autorización excepcional y coordinada para el pastoreo y retención temporal de rodeos en las banquinas elevadas de las rutas provinciales y nacionales.
Sin esta concesión, muchos productores se verán forzados a malvender sus terneros, novillitos y vacas a precios de liquidación para evitar que mueran de hambre a la vera de los caminos, profundizando el impacto económico y el desarraigo de los eslabones más vulnerables de la cadena pecuaria del Litoral.