La corresponsabilidad sanitaria público-privada es un esquema de gobernanza en el cual el Estado y los actores de la producción animal comparten responsabilidades, decisiones y financiamiento para prevenir, controlar y erradicar enfermedades. En el caso de Uruguay, este modelo permite sostener acciones vinculadas principalmente a la tuberculosis y la brucelosis bovina, incluyendo indemnizaciones a productores, controles prediales, análisis de laboratorio, vigilancia epidemiológica, saneamiento y compra de vacunas cuando resultan necesarias.
No se trata solo de contar con recursos económicos, sino de construir confianza, ordenar roles y sostener una estrategia sanitaria en el tiempo. Bajo esta lógica, el sistema uruguayo se apoya en una comisión administradora integrada en partes iguales por representantes públicos y privados, encargada de analizar y aprobar los expedientes sanitarios, con mecanismos de control y transparencia para la validación de indemnizaciones.
Modelo ante la OMSA
Este modelo fue presentado por Uruguay en el marco de la 93.ª Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), realizada recientemente en París, Francia. La exposición estuvo a cargo del director general de Servicios Ganaderos, Marcelo Rodríguez, durante el Foro de Salud Animal desarrollado bajo el lema “Invertir en salud animal para asegurar el futuro de todos”.
Según explicó Rodríguez, el mecanismo fue creado en 2014 luego de un proceso de discusión con el sector privado y su posterior aprobación parlamentaria. Desde entonces, se consolidó como una herramienta clave para financiar medidas sanitarias que impactan tanto en la salud animal como en la sostenibilidad productiva y comercial del país.
Financiamiento
El financiamiento proviene de distintos sectores de la producción animal, entre ellos los bovinos enviados a faena, las exportaciones de ganado en pie y la industria láctea. A su vez, Uruguay analiza incorporar nuevos mecanismos de aporte para los sectores avícola y porcino, con el objetivo de ampliar la base de sustentabilidad del sistema.
Durante su presentación, Rodríguez sostuvo que una de las principales fortalezas del modelo es la gobernanza compartida. En ese sentido, destacó la importancia de definir con claridad los roles y responsabilidades de cada actor, fortalecer la confianza institucional y mantener espacios permanentes de diálogo basados en evidencia científica.
“El modelo de corresponsabilidad público-privada ha sido central para fortalecer la respuesta sanitaria de Uruguay, mejorar la detección y control de enfermedades y contribuir al mantenimiento de un sistema sanitario creíble y alineado a los estándares de la OMSA”, afirmó el funcionario.
Además de compartir la experiencia de gestión y financiamiento sanitario, Uruguay presentó resultados de investigaciones nacionales sobre el impacto económico de las enfermedades animales. El mensaje fue claro: invertir en sanidad no es un gasto, sino una condición indispensable para proteger la producción, sostener mercados y anticiparse a los desafíos que enfrenta la salud animal a nivel global.
FUENTE: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay
