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SUSCRIBITECRA presentó un proyecto para tipificar delitos que afectan la producción agrícola y reforzar la seguridad jurídica del sector rural.
CRA impulsa mayor protección jurídica rural.
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) presentó ante legisladores nacionales un proyecto de ley para modificar el Código Penal y tipificar de forma específica los delitos que afectan a la producción agrícola, buscando herramientas jurídicas eficaces frente a daños sobre bienes, infraestructura y el esfuerzo productivo del sector rural.
El proyecto plantea la reforma de los artículos 186 y 189 del Código Penal e incorpora el artículo 184 bis, que crea la figura de "Vandalismo Rural". Esta nueva tipificación prevé penas de dos a cinco años de prisión para quienes afecten el normal desempeño de un establecimiento rural mediante la destrucción, inutilización o daño de granos, silos bolsa, cultivos, plantaciones, ganado, forrajes y otros bienes vinculados a la actividad agropecuaria.
En relación a la iniciativa, desde CRA señalaron que "no se trata solo de proteger bienes materiales, sino de resguardar el trabajo, la inversión y la seguridad de quienes producen alimentos en todo el país".
En ese sentido, remarcaron que los ataques a silobolsa y a establecimientos rurales "se han vuelto una práctica reiterada que hoy no encuentra una respuesta penal acorde a la gravedad del daño que provocan".
La propuesta también actualiza la figura del delito de estrago, incorporando nuevas modalidades como la liberación de patógenos, y establece escalas penales diferenciadas según exista dolo, imprudencia o negligencia, así como cuando se ponga en riesgo la vida de las personas o se produzcan consecuencias fatales. Desde la entidad gremial explicaron que el Código Penal vigente presenta falencias que dificultan una respuesta judicial efectiva frente a estos hechos.
"El delito evoluciona y se adapta a nuevas prácticas; la ley debe hacer lo mismo para evitar la impunidad y brindar certezas a las víctimas", afirmaron.
Finalmente, CRA subrayó que esta iniciativa busca fortalecer la seguridad jurídica en el ámbito rural y contribuir a la prevención de delitos que afectan no solo a los productores, sino también al desarrollo económico y social de las comunidades del interior del país.
FUENTE: CRA
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